Luis Córdova fue invitado al programa «Esto no es político» conducido por María Sol Borja, en la cadena radial Sonorama, el pasado 5 de mayo del 2025.
¿Por qué la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?
Luis Córdova-Alacón
Comentario. Semáforo en Rojo No. 49. Mayo 5, 2025.
Oficialmente Ecuador está en guerra. Así lo decidió el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Ese día, tras una ola de actos de violencia criminal en varias provincias, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo 111, reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas.
El justificativo para una medida de tal magnitud era contener la ola de violencia criminal que hizo del 2023 el año más violento en la historia del país: con 8008 asesinatos y una tasa de 47 homicidios por cada cien mil habitantes. Ha transcurrido más de un año y el panorama es desalentador. El primer trimestre del 2025 se alcanzó otro récord histórico: se registraron 2361 muertes violentas. De mantenerse esta tendencia, este año podríamos superar la tasa de homicidios del 2023. La política de militarización de la seguridad interna no ha contenido la violencia, la ha catapultado.
¿Por qué la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?
Desde los estudios de seguridad la realidad ecuatoriana está sobre-diagnosticada. Sus explicaciones redundan en tres ideas: el Estado ha perdido control territorial frente a las organizaciones criminales; el Estado ha fallado en el control de las economías ilícitas facilitando el lavado de activos, y el Estado necesita más –y mejores– recursos humanos y tecnológicos para recuperar el monopolio de la fuerza. El problema con estas interpretaciones es el limitado campo de visión que brindan para comprender lo que ocurre en el país.
Por eso, siguiendo las tesis del académico británico Bob Jessop, en vez de centrarme en las dimensiones formales del Estado (representación, articulación institucional y capacidad de intervención) haré un breve análisis de sus dimensiones sustanciales: base social del Estado, proyecto de Estado y visión hegemónica. Al analizarlas se constata que los factores multiplicadores de la violencia y la criminalidad son mucho más profundos y complejos.
El primer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad es la fractura de los compromisos sociales institucionalizados en el Estado. Un dato revelador es la deserción escolar. En Ecuador hay más de 450.000 niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, que no asisten a una de los 16.000 escuelas y colegios que hay en el país. ¿Cuántos de estos niños y adolescentes han sido reclutados por las pandillas callejeras y están dinamizando la violencia y el crimen? La edad de reclutamiento criminal bordea los 13 años y solo en el 2024 las desapariciones de menores de edad se incrementaron en un 88 por ciento.
Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su guerra, solo en la región Costa y Galápagos, en donde está por iniciarse un nuevo ciclo escolar, el 80 por ciento de los establecimientos educativos fiscales requiere reparaciones urgentes (7520 escuelas y colegios). A esto hay que sumar las epidemias que han reaparecido por falta de campañas de vacunación en los últimos años, el incremento de la tasa de desempleo, el aumento de la pobreza y la contracción económica producto del mal manejo de la crisis energética.
La reproducción social de la violencia criminal no es un fenómeno espontáneo. Al contrario, es el resultado de una pérdida sistemática de base social por parte del Estado.
Y no es una cuestión meramente material; la dimensión simbólica tiene un peso específico. Sin mecanismos de ascenso social ni políticas de inclusión y reconocimiento las expectativas de futuro individual se estancan, y la población más joven migra al extranjero o busca otros horizontes al margen de la legalidad. Los intangibles de la política social es otra tarea pendiente, impunemente postergada por el gobierno nacional.
Al mirar desde este ángulo se observa que el Estado no ha perdido control territorial. Lo que ha perdido es base social, sobre todo, en las zonas más pobres del país. Por eso, militarizarlas tiene un efecto limitado y en el mediano plazo se vuelve contraproducente.
Sin un gobierno que asuma seriamente los compromisos sociales institucionalizados, las organizaciones criminales seguirán ganando adhesión y reconfigurando al Estado como un “orden crimilegal” a su servicio.
El segundo factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con una crisis de legitimidad del Estado, ante la ausencia de un proyecto político que asegure la unidad operativa del Estado y su capacidad para actuar. Lo que Jessop denomina: un proyecto de Estado.
Desde el estallido de la violencia criminal, en enero del 2018, los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han optado por un modelo de “Estado mínimo”: achicamiento del aparato estatal y desregulación de los mercados. Los acuerdos draconianos con el Fondo Monetario Internacional, y la política de premios y castigos que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para alinear al país a su agenda hemisférica, han acelerado esta reconfiguración.
En ese modelo de “Estado mínimo” las fuerzas militares y policiales se convierten en el principal brazo burocrático del Estado. La constante declaratoria de Estados de Excepción (más de 40, desde el 2018) para restringir derechos civiles y militarizar el orden público lo confirma.
En vez de fomentar una política de empleo digno, los gobiernos de Lasso y Noboa han promovido el reclutamiento de miles de jóvenes para formarlos como policías o militares. En mayo de 2022, el presidente Lasso prometió incrementar el pie de fuerza de la Policía Nacional, pasando de 52.000 a 82.000 efectivos. Su mandato quedó trunco el año siguiente y el incremento fue de 12.000 policías. Con Daniel Noboa y la declaratoria de conflicto armado interno los militares han desplazado a la Policía. En febrero del 2024 el gobierno anunció que cuadruplicaría el servicio militar, pasando de 9.657 a 36.853 conscriptos para el 2025.
La militarización es consustancial con el proyecto de Estado mínimo que promulga el gobierno nacional. Una estrategia militar fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata. Por eso, cuando el gobierno detecta problemas de criminalidad persistente en el sector público la única repuesta es militar.
El ejemplo más elocuente es la reciente militarización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Ante las constantes amenazas, asesinatos y secuestros contra los funcionarios que obstaculizan los negociados en las compras públicas de ambos hospitales, la respuesta del gobierno fue intervenirlos militarmente.
Daniel Noboa solo esgrime martillos, incluso dentro de una cristalería.
Finalmente, el tercer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con la visión hegemónica del bloque de poder que dirige el Estado. La razón es sencilla: la fe ciega en la desregulación de los mercados como vía de crecimiento económico ha hecho del Ecuador un paraíso para las economías ilícitas. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas y de personas, son facilitados por la visión de Estado mínimo que pregonan los gobernantes.
En Ecuador se ha consolidado un régimen oligárquico. Como lo explica muy bien el politólogo Jeffrey A. Winters, la oligarquía se refiere a la política de defensa de la riqueza por parte de actores que poseen los medios materiales para ello. Generalmente, los oligarcas financian ejércitos de abogados y políticos para que hagan el trabajo sucio y protejan sus intereses. Pero cuando la crisis de legitimidad del Estado socava también el margen de legalidad, los oligarcas intervienen directamente en la política para defender su riqueza y multiplicarla.
El ingreso a la política de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no es casualidad. El primero, dueño del tercer banco más grande del país y cabeza de uno de los cinco grupos económicos más acaudalados. El segundo, heredero del grupo agroexportador más importante del Ecuador. Ellos son las caras visibles de una oligarquía avezada y agresiva.
La desregulación de los mercados es la piedra angular de su acción de gobierno y con esa visión también comulgan los oligarcas que dirigen el narcotráfico desde Europa, Asia o Norteamérica.
Para muestra, un botón. Con sus decisiones de gobierno, Lasso y Noboa han facilitado la expansión del tráfico de armas en Ecuador. El uno flexibilizando los permisos para tenencia y porte de armas de fuego. El otro eliminando los aranceles para su importación. Hoy, 8 de cada 10 homicidios se ejecutan con armas de fuego. Y la vía predilecta de los contrabandistas es enviarlas a través de courier desde Miami.
Ahora Usted, estimadx lector, comprenderá mejor por qué el Ecuador es un país anegado en sangre.
Escenarios postelectorales en el Ecuador de Daniel Noboa
Luis Córdova-Alarcón
Comentario. Semáforo en Rojo No. 48. Abril 20, 2025.
El resultado electoral del 13 de abril fue inesperado. No tanto por quien se alzó con la victoria, sino por la diferencia: Daniel Noboa obtuvo más de diez puntos porcentuales de diferencia sobre Luisa González. Con el paso de los días, las pasiones se disiparán y habrá oportunidad de analizar con detalle los resultados.
Por lo pronto, me interesa analizar los posibles escenarios en que se procesará la conflictividad sociopolítica los próximos meses. Esto con el fin de mirar en perspectiva hacia dónde se conduce el país y, sobre todo, cuáles son los límites y posibilidades del gobierno nacional para superar el haz de crisis que ha minado al Ecuador.
Lo primero es reconocer que tras las elecciones del 13 de abril Ecuador ha entrado en otro proceso de recesión democrática, en especial con relación a los tres predicados básicos de la democracia: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación, y el imperio de la ley. Lo que renombrados politólogos, como Adam Przeworski, denominan “autocratización democrática” (para referirse a la “desconsolidación”, “erosión”, “desgaste”, “retroceso” de la democracia).
Según el índice elaborado por la influyente revista The Economist para el período 2006-2024, Ecuador es catalogado como “régimen híbrido”. En una escala de 1 a 10 su puntuación más baja fue el año anterior —2024— cuando obtuvo 5.24. Es decir, bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de un «conflicto armado interno» y una ola de violencia criminal sin parangón, Ecuador obtuvo la peor calificación.
Pero este proceso de “autocratización democrática” no es nuevo. Ecuador ya lo vivió bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Así lo constata el último informe de V-DEM Democracy 2025 (ver p.33) que grafica muy bien ese giro en U hacia la democratización que habría iniciado en 2018, pero que desde el 2022 vuelve a decaer, anticipando un nuevo ciclo de autocratización, ahora bajo el liderazgo autoritario de Daniel Noboa.
Por eso resulta ridículo escuchar a correistas y noboistas acusarse mutuamente de fraude y abuso de poder, como si sus líderes fueran demócratas ejemplares. En las elecciones del 2025, el “presidente-candidato” Daniel Noboa fue igual o más abusivo que el “presidente-candidato” Rafael Correa, en las elecciones del 2013. Es la memoria selectiva y las ideologías viciadas de ambos bandos lo que lo que nubla su razonamiento.
Como en todo proceso de “autocratización democrática”, Noboa necesita moldear el contexto institucional a su imagen y semejanza (lo hizo Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Bukele en El Salvador y ahora Donald Trump en Estados Unidos). De ahí su interés en activar un “proceso constituyente rápido y ágil”. Cómo lo piensa realizar, aún es un misterio, pero hay suficiente material para hacer un breve análisis prospectivo.
El primer escenario es político institucional, y pasa por dirimir la composición de la Asamblea Nacional. ADN, el movimiento político oficialista parte con un bloque legislativo de 66 asambleístas electos (de un total de 151 miembros) y la Revolución Ciudadana (movimiento político del expresidente Rafael Correa) con otro bloque de 66 —eran 67, pero en la última semana una asambleísta anunció su desafiliación—. Es previsible que en los próximos días un buen número de asambleístas de otras tiendas políticas se alineen con el bloque oficialista, que es el único con capacidad real de negociación. A menos que las disputas internas en las filas oficialistas abran fisuras que puedan ser aprovechadas por la Revolución Ciudadana.
El segundo escenario es político social. Otro damnificado con los resultados del 13 de abril es Leonidas Iza, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador), la organización social con mayor capacidad de movilización e incidencia política. La unidad de las izquierdas en torno a la candidatura de Luisa González, entre ellas Pachakutik —brazo político electoral de la CONAIE— produjo la percepción, luego del 13 de abril, de que la izquierda institucional también fue derrotada junto al correísmo.
Así las cosas, la CONAIE ha lanzado una campaña de pedagogía política para advertir sobre el riesgo que corren los derechos colectivos reconocidos en las Constitución del 2008 y que podrían ser eliminados de un plumazo en una constituyente controlada por el oficialismo.
El liderazgo de Iza surgió con las protestas sociales en octubre del 2019 y junio del 2022, y necesita volver a las calles para refrendarlo. Pero en un escenario militarizado y colonizado por el miedo a los ataques terroristas y otras formas de violencia criminal, las posibilidades de éxito son escasas.
Para prevenirlo, el gobierno de Daniel Noboa se ha declarado en “alerta máxima” desde la madrugada del 19 de abril. La razón es un supuesto “informe” de inteligencia militar que sugiere un «traslado de sicarios desde México y otros países a Ecuador para llevar a cabo atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo». El Ministerio de Gobierno, en un comunicado del mismo día, titulado “La venganza de los malos perdedores”[1], ha gatillado el encuadre discursivo que darán a cualquier movilización social para clausurar las calles como escenario político.
Con ambos escenarios bajo control, un “proceso constituyente” rápido y ágil, como desea Daniel Noboa, se vuelve posible.
Desde hace algunos años, distintos voceros de las élites económicas han persistido en una idea: reinstaurar la Constitución de 1998 mediante referendo. Uno de los más fervientes defensores de esta idea es el exvicepresidente Alberto Dahik Garzozi, quien fungió como asesor ad-honorem del expresidente Guillermo Lasso y apadrinó a Daniel Noboa en su primera visita a Carondelet, en 2023. Por tanto, no sería difícil que una Corte Constitucional dócil autorice integrar una comisión especial que actualice la Constitución de 1998 para luego someterla a referendo.
Algo semejante ya ocurrió en el Referendo de 1978, cuando la dictadura militar llamó a las urnas para que el pueblo escoja entre la Constitución de 1978 o la Constitución de 1945 reformada. Aquel referendo significó el tránsito a una democracia electoral restringida por el poder militar.
Hoy, un poder militar restaurado en el marco del “conflicto armado interno” podría ser nuevamente quien dirima el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, el haz de crisis que mina al Ecuador tendrá que esperar.
@LuisCordovaAlar
Erik Prince en Ecuador: ¿Es la llegada de mercenarios una solución para la seguridad?
EXPRESO conversó con Luis Córdova sobre la presencia del mercenario Erik Prince en Ecuador.
«Erik Prince, fundador de la controvertida contratista de seguridad anteriormente conocida como Blackwater hoy renombrada como Academi, pisó Ecuador y automáticamente se desataron las críticas, a favor y en contra.»
«Prince se unió a las operaciones militares y policiales en Guayaquil, una de las ciudades más violentas de Ecuador, que entre enero y marzo de 2025 ha registrado 873 homicidios.»
«Pero más allá de su presencia, ¿Su llegada propone una solución para la seguridad?»
«Para Luis Córdova Alarcón, director del Programa de Investigación Orden Conflicto y Violencia en Universidad Central del Ecuador, “inequívocamente no es la solución. Estamos viendo una puesta en escena de un show al que nos tiene acostumbrados lamentablemente el presidente Noboa, en donde pretende engañar a la opinión pública con la participación de un mercenario”.»
«En primer lugar, Córdova basa su criterio en el perfil de Prince. Dice que Blackwater ha sido protagonista de violaciones a los derechos humanos en varios países y que ofreció sus servicios a la oposición venezolana para resolver el fin del chavismo. “Es un multimillonario vinculado y militante al nacionalismo cristiano, que es el partido que hoy gobierna Washington con Donald Trump a la cabeza.”»
«Ya sobre las acciones concretas que el contratista militar pueda hacer en Ecuador, Córdova señala que habrá que esperar hasta después del 13 de abril. Su criterio es que en el futuro podría haber más violencia, ya que «La última herramienta para enfrentar un problema es la máxima violencia». Previamente están otros mecanismos como la prevención del delito, la contención y sanción. «Aquí el primer error es sobreestimar la dimensión de un supuesto enemigo armado. Se le da dimisión de un monstruo que no se lo puede vencer cuando nada se ha hecho para abordar intervenciones, por ejemplo, en Socio Vivienda o Durán, donde faltan servicios básicos”.»
Lee la nota completa AQUÍ
Contener la violencia y reducir los asesinatos, el verdadero reto del futuro presidente de la República
Primicias recogió el criterio de Luis Córdova para analizar las posibles alternativas en seguridad que deberá afrontar el próximo gobierno.
«En 2023 y 2024, Ecuador tuvo los años más violentos de su historia, considerando la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. La seguridad es el punto central de la campaña para la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025».
«Ecuador atraviesa el inicio de año más violento desde que hay registros públicos. Entre enero y febrero de 2025, en el país se cometieron 1.529 asesinatos. Es decir, en promedio, cada día en Ecuador mueren violentamente 26 personas.»
«Lo más preocupante es que los valores han ido al alza. Febrero de 2025, con 736 muertes violentas, es el mes en el que más crímenes de este tipo se han cometido desde diciembre de 2023 y, además, es el sexto mes más violento desde enero de 2011. Además, en promedio, en enero de 2025 se cometieron 24 asesinatos cada día y en febrero de 2025, 26.»
Lee la nota completa AQUÍ
Espionaje y Pegasus: ¿Seguridad nacional o herramienta de represión? [Podcast]
El segundo episodio de la nueva temporada del Podcast «Hablemos de Privacidad», del Centro de Autonomía Digital, exploró a fondo el controvertido tema del software espía Pegasus y su posible impacto en Ecuador. ¿Es una herramienta de seguridad nacional legítima o un peligroso instrumento de represión? Luis Córdova participó junto a Ola Bini en el análisis del tema, bajo la conducción de Sara Zambrano.
Semana de tensión en la Policía y las Fuerzas Armadas: pedido de renuncia a generales y chalecos bajo la lupa [Vistazo]
Especialistas cuestionan la falta de estrategia del Gobierno para abordar estos temas, «ya que al final del día los que salen ganando son los grupos criminales».
La tensión en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha sido evidente esta semana luego de que el Gobierno pidiera la renuncia de 10 generales y el ministro de Defensa tuviera que salir a defender la calidad de chalecos para militares. ¿Qué implicaciones tendrán estos temas dentro de esas instituciones?
Luis Córdova: Es fundamental desmoralizar y “desnarcotizar” nuestra percepción sobre la inseguridad
El Gobierno planteó el ingreso de fuerzas especiales extranjeras como una de las alternativas para combatir al crimen organizado. En NotiMundo A La Carta, Luis Córdova, director del programa Orden, Conflicto, y Violencia, consideró que esta propuesta no atacaría al problema de raíz, sino que debería elaborarse una política pública integral que empiece por repensar la relación entre la criminalidad y el narcotráfico.
Para el director del programa Orden, Conflicto, y Violencia, Luis Córdova, es necesario diferenciar entre la cooperación internacional en materia de seguridad y el ingreso de tropas de fuerzas especiales en territorio ecuatoriano. Recordó que desde el gobierno de Guillermo Lasso ya existían acuerdos militares con Estados Unidos en los que se establecía la posibilidad de participación directa de personal civil y militar en el país.
Por ello, enfatizó que debería consultarse sobre la labor de la canciller Gabriela Sommerfeld y sus esfuerzos por ampliar el marco de cooperantes y ayuda externa de otros países. Precisó que, a esto, deben sumarse políticas públicas para abordar la crisis de inseguridad con personal capacitado para la toma de decisiones.
Córdova señaló que, en lugar de plantear iniciativas de este tipo, el Gobierno debería gestionar una agenda de cooperación regional para pedir a Estados Unidos que cambie los términos de discusión en torno a las drogas. Esto, debido a que desde Washington se considera únicamente la oferta de sustancias sujetas a fiscalización, en lugar del principal problema en su territorio: las adicciones.
“Esta guerra para Estados Unidos es una guerra sin fin, porque es un motor económico de su propio sistema”, dijo.
Indicó que, si bien el gobierno de Daniel Noboa y otros países, han centrado su mirada en el tráfico de drogas como el principal eje de la criminalidad, existen otras fuentes que fortalecen la economía ilícita de otras organizaciones. Una de ellas, según dijo, la minería ilegal.
Córdova recordó que, incluso, existen estructuras de lavado de activos que no precisamente están vinculadas a actividades de narcotráfico, algo que tampoco ha sido controlado por el Gobierno.
“Es fundamental desmoralizar y desnarcotizar nuestra percepción sobre la inseguridad. Hay problemas mucho más serios”, enfatizó.
El director del programa Orden, Conflicto, y Violencia señaló que otro problema en términos de seguridad es la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas del Orden. Precisó que entre 2017 y 2024, más de 700 militares fueron procesados por distintos delitos. Esto, debido a un diseño institucional que “permite la reproducción de patrones de corrupción”.
“Queremos combatir a los criminales y resulta que tenemos narcogenerales y narcocoroneles”, sostuvo.
Por ello, insistió en la importancia de la cooperación internacional para promover modelos de rendición de cuentas que permitan depurar a las Fuerzas de Seguridad de manera eficiente.
Nota: Esta nota ha sido originalmente publicada en Notimundo
La inseguridad en la coyuntura electoral
Luis Córdova-Alarcón participó en el programa dominical Voces de la Ciudad, con la conducción de Rosana Encalada.
Análisis sobre el llamado del Presidente Noboa a Fuerzas de Operaciones Especiales extranjeras [Entrevista]
El viernes 21 de febrero Luis Córdova fue entrevistado por Fabricio Vela en «A primera Plana» para analizar llamado del Presidente Noboa para gestionar la venida de Fuerzas de Operaciones Especiales extranjeras.
