¿Qué es lo nuevo? El 18 de julio del 2025 Erik Prince llegó al Ecuador para iniciar su trabajo como contratista de seguridad para el gobierno de Daniel Noboa (EFE, 2025). En marzo, durante su primera visita al Ecuador, el presidente Noboa habló de una “alianza estratégica” con Prince para enfrentar al “narcoterrorismo” (Primicias, 2025). Luego, como parte de la campaña electoral, Prince participó en dos operativos antidelincuenciales en el suburbio de Guayaquil, junto a los ministros de Defensa y del Interior, reforzando la idea de que su trabajo como asesor de seguridad ya estaba en marcha (Verdezoto, 2025). Pero no fue cierto. Su contratación solo fue posible tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia que entró en vigor el 14 de julio. Esta ley permite el uso discrecional de “fondos especiales” para pagar a especuladores de la guerra como Prince, sin rendirle cuentas a nadie.
¿Por qué es importante? La sombría trayectoria de Erik Prince en más de 30 países donde ha realizado operaciones al servicio de regímenes oligárquicos y autoritarios en todo el mundo, lo cualifican como un operador del capitalismo mafioso; aquel que se promueve desde la administración Trump al unísono con los gobiernos de extrema-derecha en Europa y América Latina. En este contexto, la contratación de Erik Prince deja entrever tres escenarios probables para Ecuador: Primero, que su actuación se restrinja a un acompañamiento en el diseño táctico-operacional de un plan de guerra para el «Bloque de Seguridad» a cambio de millonarios honorarios, como lo hizo en varios países africanos durante años. Segundo, que reclute y constituya un ejército privado, “escuadrones de la muerte” o milicias paramilitares para ejecutar tácticas de “guerra sucia”, como lo hizo en Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Somalia y lo está haciendo en Haití. Tercero, que la presencia de Prince sea parte de un acuerdo más amplio de “minerales–por–seguridad” con la Administración Trump, como el que está en marcha en la República Democrática del Congo.
¿Qué debe hacerse? El gobierno nacional no tiene incentivos institucionales ni presión social para cambiar de postura. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones que hagan posible exigirle un giro de timón al gobierno. Por un lado, la Corte Constitucional debe acelerar el análisis de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, para declarar su inconstitucionalidad. Por otro, las organizaciones políticas, sociales y comunitarias deben adoptar estrategias de acción colectiva consistentes, con tácticas de lucha no violenta y un claro programa democrático para frenar la afrenta despótica de Daniel Noboa.
