¿Qué es lo nuevo? La Asamblea Nacional controlada por Daniel Noboa aprobará en los próximos días la “Ley Orgánica de Inteligencia”. Entre las novedades positivas, el proyecto de ley amplía el espectro de la comunidad de inteligencia mucho más allá de los subsistemas policial y militar ya existentes. Esto puede facilitar el cruce de información para el mapeo de actividades del crimen organizado transnacional. El problema es que lo hace sin controles institucionales de carácter democrático, convirtiéndola en una ley de vigilancia masiva. Además, blinda el manejo de los “gastos especiales” para actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia. A futuro, ninguna autoridad podrá fiscalizar y controlar el uso de esos recursos. La Ley de Inteligencia tiene un ADN claramente despótico.
¿Por qué es importante? La inminente aprobación de esta ley eliminaría los diques institucionales construidos para evitar los abusos desde el poder político. La experiencia reciente del Ecuador muestra el grave riesgo que implica incrementar la capacidad de la comunidad de inteligencia cuando operan al servicio de liderazgos autoritarios y redes criminales. El enjuiciamiento y condena a varios funcionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, que delinquieron durante el gobierno de Rafael Correa, son una muestra. La participación criminal de personal de inteligencia militar en la red de captación ilegal de dinero “Big Money”, detectada en junio de 2021, es un ejemplo más reciente. Y la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso encubrió la investigación del caso «León de Troya» que implicaba a su círculo cercano y varios oficiales de policía con la mafia albanesa, muestran hasta qué punto los servicios de inteligencia pueden ser instrumentalizados por el poder político y criminal.
¿Qué debe hacerse? La Asamblea Nacional debe reformular el proyecto de ley, al menos, en tres sentidos: Uno, incrementando el control político democrático sobre la gestión y los recursos. Dos, recuperando el rol de la fiscalía y la judicatura como entidades de contención del poder punitivo del Estado. Tres, sistematizando cuidadosamente las reglas para ciberinteligencia de tal forma que se brinden garantías ciertas y comprobables de que no habrá vigilancia masiva.
