En un plazo de ocho días, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional presentará el informe definitivo de la Ley de Inteligencia, mientras la academia advierte de vulneraciones y restricciones a las facultades de fiscalización.
Pese a que la Asamblea trató, en segundo debate, la Ley de Inteligencia, la normativa fue devuelta a la Comisión de Seguridad, la cual cuenta con 8 días para elaborar el texto final.
El director del programa Orden, Conflicto y Violencia, Luis Córdova, advirtió que esta propuesta caería un carácter restrictivo desde distintos aspectos. Uno de ellos, dijo, es la eliminación de controles de carácter político en la Legislatura. Incluso, la propia Comisión de Seguridad no podría fiscalizar los gastos reservados, destinados a operaciones de inteligencia y contrainteligencia. A esto, se suma un impedimento a la Contraloría para revisar o difundir información que no corresponde al periodo en curso.
Otra de las amenazas, según Córdova, es la habilitación para que información que reposa en el ámbito de telecomunicaciones y el ciberespacio pueda ser recolectada por las autoridades con fines de inteligencia. Algo que, alertó, otorgaría a los organismos de seguridad la capacidad para vulnerar el derecho a la privacidad ciudadana.
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