Luis Córdova-Alacón
Comentario. Semáforo en Rojo No. 50. Mayo 13, 2025.
Ecuador es un país en permanente estado de shock. Pero hay eventos violentos que irrumpen en la esfera pública como truenos que perturban la conciencia nacional.
El último episodio dejó 11 fallecidos. Esta vez, los seres humanos asesinados vestían uniforme militar. Según la versión oficial, fueron emboscados en el Alto Punino, zona limítrofe de las provincias de Napo y Orellana, el pasado 9 de mayo, mientras realizaban un operativo contra la minería ilícita.
Como ya es costumbre en un “Estado de guerra”, la versión oficial se impuso sobre la verdad: “hemos dado golpes contundentes a la minería ilegal y por eso reaccionan con virulencia”, explica un vocero oficial. Los encuadres discursivos alimentan la atmósfera emocional del conflicto armado y los asesinatos se vuelven legítimos, en medio de la venganza: “cobarde guerrillero abatido en Alto Punino”, titula un mensaje del Ministerio de Defensa Nacional.
En un destello de lucidez o cinismo el comandante general del Ejército lanza una hipótesis: “no se descarta la filtración de información sobre el operativo”. Como si fuese la primera vez que se sospecha de la participación criminal de militares.
Como si no recordáramos que el radar instalado en Montecristi para detectar narcoavionetas fue inutilizado por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en un acto de sabotaje, en noviembre del 2021. Como si no supiéramos que una red de marinos vendían información a narcos en Esmeraldas y transportaban cocaína en vehículos oficiales de la Armada del Ecuador, en enero de 2023. Como si la detención de un Teniente Coronel del Ejército, tres cabos y diez civiles, en Buenos Aires, provincia de Imbabura, por traficar oro en un vehículo perteneciente al Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, en agosto del 2024, nunca hubiese sucedido.
El país está emboscado por la violencia y la complicidad.
El gobierno nacional decretó la moratoria minera en 2018. Sin embargo, entre 2018 y 2024 se otorgaron 652 nuevas concesiones mineras; complicidad gubernamental que alimentó el truculento negocio de la minería.
En 2024 se hizo publicó el sofisticado entramado empresarial para exportar oro ilícitamente desde Ecuador sin que el gobierno se de por aludido; complicidad estatal para amasar grandes fortunas que siguen incólumes.
Evidencias de este tipo hay por decenas. Pero el mando político y militar que dirige la «guerra internan» ha optado por la estrategia del avestruz: enterrar la cabeza para evadir la realidad.
La realidad es que las economías ilícitas más rentables (cocaína, armas y oro) han modificado el entramado social de arriba abajo. Y lo hacen con una velocidad directamente proporcional al achicamiento del Estado y su política social. Orellana y Sucumbíos son la prueba reina.
Por tanto, mientras los generales y tiktokers que deciden sobre la seguridad nacional ordenan perseguir delincuentes como trofeos de guerra, las economías ilícitas se expanden como la bruma en comunidades enteras y tejen redes de subsistencia en amplias zonas del país. En eso consiste la asimetría de este conflicto.
No es un problema táctico que se soluciona con más soldados, armas o municiones. Es un problema político que requiere un giro estratégico y creativo, que permita la confluencia de la acción gubernamental y la acción social, creando nuevas dinámicas de encadenamiento institucional.
Sin ese giro político-estratégico el paisaje social será más apocalíptico.
Depende de Usted, presidente Noboa, si decide gobernar con alma de estadista o de sepulturero.
