Luis Córdova-Alarcón
Comentario. Semáforo en Rojo No. 46. Junio 13, 2024.
Desde que se declaró el «conflicto armado interno» Ecuador vive un estado de propaganda. Las operaciones militares y las psicológicas posicionan el mensaje oficial con la misma persistencia que un enjambre de trolls. Se capturan criminales, pero no se ataca la actividad criminal. Por eso el tráfico de cocaína hacia Europa no cesa, crece.
Aunque el Presidente de la República repita con sorna que “estamos recuperando la paz”, cierta oficialidad sabe que están recuperando las parcelas de poder que momentáneamente habían perdido. Una estela de corrupción militar los delata y la guerra interna extiende un largo manto de impunidad sobre el poder militar.
Hace poco, el Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue vinculado en el caso Purga. Se trata del coronel Juan Javier Riofrío, quien reconoció en la audiencia ser el primer oficial de enlace de Ecuador con el Comando Sur de los EEUU, entre 2021 y 2023 https://shorturl.at/CHVtB.
No es el único «hombre de confianza» de la Embajada de los EEUU vinculado al crimen organizado. El otro es el general de policía Pablo Ramírez, implicado en el caso Metástasis, quien estuvo al frente de la SNAI y luego se convirtió en Jefe Antinarcóticos, con el beneplácito del INL y el embajador Fitzpatrick.
Pero para los comandantes y ministros, no son más que «casos aislados». Como también lo fue el Teniente Cáceres: asesino de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía, en septiembre de 2022. O el militar que era dueño del «deshuesadero de autos» donde ocurrió la balacera que causó 10 muertos y 4 heridos, en pleno centro de Guayaquil, en mayo de 2023 https://shorturl.at/IrV5Z. O los integrantes de la red de marinos que vendía información a los narcos en Esmeraldas, detectada en enero de 2023 https://shorturl.at/qgsgk. O los miembros de la FAE implicados en el sabotaje al radar de Montecristi, ocurrido en noviembre del 2021 https://shorturl.at/XtaoH. O el capitán del Ejército que dirigía el destacamento militar en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, y se convirtió en el cabecilla del tráfico de oro de esa zona, desde octubre del 2019 https://shorturl.at/qdXZI. O los militares vinculados al tráfico de armas, en octubre del 2018. O el capitán Telmo Castro que fue el operador logístico del Cártel de Sinaloa, detenido en junio de 2013.
La huella de la corrupción militar es extensa, pero los gobiernos de turno han preferido ignorarla.
En el 2001 el capitán de navío Julio Viteri, en su calidad de Agregado Naval y de Defensa ante Reino Unido denunció actos de corrupción militar ante sus superiores, tanto en la renovación del contrato de leasing del departamento donde funcionaba la agregaduría en la ciudad de Londres, como en la contratación de un seguro de aeronaves de las FFAA. Sus superiores lo sancionaron por divulgar públicamente las denuncias. El Presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, incluso calificó de «chiflado» al denunciante. Pero en el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Contraloría General del Estado hallaron indicios de responsabilidad penal por concusión y cohecho.
El denunciante y su familia fueron hostigados y amenazados de muerte, huyeron a Gran Bretaña donde finalmente se asilaron. Activaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego de 22 años obtuvieron justica, verdad y reparación: en marzo del 2024 la Corte IDH notificó su sentencia condenatoria contra Ecuador https://shorturl.at/fX6sR.
Entre otras cosas, la Corte IDH ordena que el Estado ecuatoriano implemente «un organismo independiente e imparcial con el mandato de recibir denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas». Caso contrario, ¿quién vigila a los vigilantes? (Desde Orden, Conflicto y Violencia advertimos algo semejante en abril del 2021 https://shorturl.at/6M5ls
El capitán de navío Julio Viteri salvó su vida. Pero el General Jorge Gabela no tuvo igual suerte. Siendo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se opuso a la compra de una flota de helicópteros Dhruv, en 2008. Denunció amenazas y hostigamiento por parte de los oficiales involucrados en la adquisición. En diciembre de 2010 fue asesinado en la puerta de su domicilio en Guayaquil. Los responsables siguen impunes y la verdad sale a cuentagotas.
No son los únicos casos; tal vez los más conocidos. Pero es probable que sea los últimos en hacerse públicos gracias a las recientes decisiones del gobierno nacional.
El 21 de marzo del 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 206 https://shorturl.at/kEISy. A través de este instrumento reforma el sistema de contratación pública para el sector seguridad. Blinda con el secreto todos los procesos de contratación y compras en Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sistema carcelario a cargo de la SNAI. Sendos acuerdos ministeriales han completado la maniobra, imponiendo reserva sobre la información de hasta cinco años. Incluso los reportes de Contraloría serán información reservada hasta el 2029. El pretexto para tales decisiones es la «guerra interna».
Si una reforma como esta hubiese existido en tiempos de Gustavo Noboa (2000-2003) o Rafael Correa (2007-2017), la muerte de Viteri era segura y la de Gabela, una estadística más de los homicidios atribuidos a la delincuencia común.
Lo que Daniel Noboa acaba de hacer es reforzar la opacidad en el sector más acosado por el criminalidad y la corrupción: el de la seguridad. Decisión que incrementa las probabilidades de corrupción militar y, con ella, de fractura democrática.
¿Por qué lo hace? Primero, porque confía que al cederle poder político y económico al mando militar garantizará su relección. Segundo, porque es una exigencia de la Embajada de los Estados Unidos para activar el Programa de Ventas Militares Extranjeras (o Foreign Military Sales, FMS) a través de la Oficina de Cooperación de Seguridad. Como lo reconoce el propio Departamento de Estado en su Integrated Country Strategy para Ecuador (abril-2022) http://tinyurl.com/yc2bysxv:
«Ecuador tendrá que aumentar significativamente el gasto en defensa para entrenar y equipar adecuadamente a las fuerzas armadas… La Misión [diplomática] tiene la intención de mitigar estos riesgos abogando por un mayor gasto en defensa a través de las Ventas Militares Extranjeras y las Ventas Comerciales Directas».
Así, las piezas encajan. Con el «Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) y el «Acuerdo de Navegantes» ya en vigencia (desde febrero del 2024) https://shorturl.at/NQstK, el Pentágono ofertará equipamiento, software espía, enviará asesores y realizará capacitaciones en Ecuador. Con el Decreto Ejecutivo 206, el Ministerio de Defensa contratará esto y más, alejado del escrutinio público.
A finales del sexenio de Felipe Calderón ocurrió algo similar en México. La Secretaría de Defensa Nacional fue el primer cliente del software espía más sofisticado hasta entonces –Pegasus– y lo utilizó en contra de civiles y opositores al régimen. Una investigación de The New York Times https://shorturl.at/mWV2c reveló que el acuerdo se pactó en un cabaret de la ciudad de México, en marzo de 2011.
Entre enero y abril del 2024, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador ya ha gastado 403 millones de dólares en compras reservadas https://shorturl.at/xcb6X .
Tal vez por eso el gobierno nacional proclama que la guerra interna es un éxito total: los negocios militares van viento en popa.
